Los gaseros decidieron levantar el paro en protesta por la fijación de precios máximos al gas licuado de petróleo (LP), con lo que el servicio se reanudó desde la tarde del miércoles, pese a que aún no alcanzan un acuerdo con autoridades.
El Gremio Gasero Nacional pidió entablar un diálogo con las autoridades para revisar el tema del tope de precios y su impacto en las comisiones que ello les representa.
Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció tres medidas dirigidas a garantizar el abasto del combustible ante el paro registrado en Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, entre las que se encuentra la evaluación de denuncias a quienes se nieguen a prestar el servicio de venta y distribución de gas LP.
“No vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal. No es que ayer hicieron este paro y ya se va a quitar el precio máximo. Son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio de la gente”, afirmó López Obrador.
Hay suficiente gas para todo el país: Rocío Nahle
Ante las preocupaciones por el abasto del combustible derivado del paro, la secretaria de Energía de México, Rocío Nahle, declaró que hay suficiente gas para abastecer el consumo que requiere el país.
“El gobierno trabaja para garantizar que la distribución sea ordenada y con precios regulados en apoyo a la economía familiar”, señaló la titular de la dependencia desde su cuenta oficial de Twitter.
Adiós concesión
Con el objeto de que se haga respetar la ley, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, comentó el pasado lunes 02 de agosto que las empresas que rebasen los precios máximos establecidos por el gobierno serán acreedoras del retiro de su concesión para la distribución y venta del gas LP.
Asimismo, instó a la población a denunciar a las empresas que incumplan con lo estipulado por la ley el pasado 28 de julio de este año.
Los grupos aeroportuarios reportaron el tráfico de pasajeros registrado en julio, en el que mantuvieron avances de triple dígito respecto al año pasado —cuando la movilidad estuvo restringida debido a la pandemia— pero sin superar los niveles de 2019.
GAP
El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) anunció que en julio el tráfico de pasajeros cayó 2.1% respecto al 2019, pero incrementó un 159.6% respecto al 2020.
La empresa registró un tráfico de pasajeros de cuatro millones 364,200 pasajeros en sus 14 aeropuertos durante el séptimo mes del año.
GAP informó que en los 12 aeropuertos ubicados en México se registró un decremento en el tráfico total de pasajeros de 1.6%, comparado con el mismo mes de 2019.
En el acumulado enero-julio se contabilizaron 22.8 millones de pasajeros totales, un 20.1% por debajo del mismo periodo de 2019, pero 51.3% más que los primmeros siete meses de 2020.
Asur
Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) informó que el tráfico total de pasajeros en julio alcanzo un total de cinco millones 244,759 pasajeros, un aumento de 339.5% anual, pero un 1.5% por debajo respecto al mismo mes de 2019.
El operador del 16 aeropuertos en México, Colombia y Puerto Rico indicó que en comparación con los niveles de julio de 2019, antes de la pandemia, el tráfico de pasajeros disminuyó 4.8% en México y 6.9% en Colombia, mientras que el tráfico en Puerto Rico aumentó 15.6%.
El grupo consideró que las cifras muestran “una recuperación continua que refleja una menor demanda de viajes en general y el despliegue de campañas de vacunación en Estados Unidos y avances graduales en México”.
OMA
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) informó que en el séptimo mes del año transportó a un millón 935,893 pasajeros en sus 13 aeropuertos.
La cifra representó un incremento anual de 215.6%, pero está 13.9% por debajo de lo registrado en julio de 2019.
“El tráfico de pasajeros nacionales incrementó 196.1% y el de pasajeros internacionales aumentó 490.6%”, indicó OMA en su reporte de tráfico.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó demandas contra empresas estadounidenses que fabrican armas por el papel que juegan en su comercialización ilegal en México.
La demanda se interpuso ante una corte federal del estado de Massachusetts y apunta a compañías como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, productores de al menos 68% de las más de medio millón de armas que se introducen ilegalmente a México cada año, de acuerdo con información divulgada por el gobierno federal.
Confiamos en la calidad jurídica de lo que estamos presentando, vamos a litigar con toda seriedad y vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México
dijo el canciller Marcelo Ebrard en un evento realizado en el museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México.
El titular de la SRE explicó que la demanda busca que las fabricantes compensen al gobierno mexicano por los daños causados, aunque el monto para cubrir dicha exigencia deberá ser determinado en el transcurso del juicio.
Ebrard afirmó que no existe precedente de que el gobierno mexicano “participe en un litigio de esta naturaleza” en una corte estadounidense y que la medida fue autorizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La SRE puntualizó que las acciones van en contra de las empresas y no en contra del gobierno estadounidense.
El tráfico ilegal de armas es un tema medular en la agenda binacional de México y Estados Unidos, principal mercado de los poderosos y sanguinarios cárteles del narcotráfico.
El gobierno mexicano estima que los daños creados por el tráfico ilegal de armas podrían alcanzar hasta 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Las autoridades consideran que los fabricantes, distribuidores y comerciantes de armas han facilitado el tráfico a través de “prácticas en la negligencia del diseño, publicidad y comercialización”.
Asociación reacciona
La Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés) dijo que las acusaciones de que los fabricantes de armas en Estados Unidos están involucrados en prácticas de negocio negligentes carecen de fundamento.
En un comunicado, Lawrence G. Keane, vicepresidente de la asociación, señaló que la actividad criminal en el país es resultado del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los grupos criminales.
En lugar de buscar un chivo expiatorio en las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia
manifestó.
La organización indicó que, según datos de 2008, menos de 12% de las armas confiscadas en México provienen de Estados Unidos y aseveró que algunas de las armas llegan a manos de criminales por parte de los soldados mexicanos que desertan para unirse a cárteles.
Añadió que conforme a cables del Departamento de Estado, las armas más letales provienen de Centroamérica.
Con información de AFP.
